• Presenta su Informe Anual 2018, año en el que tramitó más de 17.600 expedientes, la mayoría sobre servicios públicos
  • El cobro de comisiones bancarias, las carencias en la sanidad o el embargo de ayudas mínimas son algunas de sus quejas

El defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, entrega a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el Informe Anual 2018.

EFE/Emilio Naranjo

El Defensor del Pueblo ha reclamado en su informe anual un cambio en la política de vivienda para contar con una mayor oferta pública a favor del alquiler social destinado a los colectivos más desfavorecidos y ha criticado el "elevado precio de la luz", un asunto que ha protagonizado un buen número de las quejas recibidas el pasado año.

Son algunas de las conclusiones del Informe Anual 2018 que el defensor en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha entregado este martes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y al presidente del Senado, Manuel Cruz.

Durante el pasado año, el Defensor del Pueblo tramitó 17.697 expedientes de queja frente a los 25.776 de 2017, lo que supone un 31% menos, y la mayoría fueron por la calidad de los servicios públicos, por lo que la institución plantea al Parlamento "invertir en política pública".

Madrileños, andaluces, valencianos y catalanes fueron, por ese orden, los que más quejas presentaron a la institución. 

Estos son algunas de las conclusiones del Informe Anual 2018 del Defensor del Pueblo.

Alquiler social para vulnerables

El Defensor del Pueblo reclama una mayor oferta de alquiler social para los colectivos desfavorecidos. La institución considera que "no ha habido una política de vivienda", lo que ha provocado la situación actual, en la que las administraciones no cuentan con las viviendas sociales para dar respuesta inmediata a las necesidades sociales más urgentes, como desahucios de unidades familiares con menores de edad.

También considera que España está entre los países europeos con menor nivel de protección social en "un bien tan esencial" y muestra su preocupación por las consecuencias de la venta de vivienda pública a empresas privadas.

Además, dentro de la materia de vivienda, lamenta la "lenta" respuesta de las administraciones al 'boom' del alquiler turístico, una situación que, según el informe, tiene un "efecto arrastre" sobre el comercio y los servicios, ya no orientados a la población residente, sino a la flotante.

"Elevado precio" de la luz

El informe critica "la elevada cuantía de la parte fija de la factura" de la luz, lo que supone "una preocupación para muchas familias". El Defensor del Pueblo destaca el "alto número de quejas" que recibió durante el pasado año por el bono social eléctrico.

En el documento, la institución denuncia que el marco normativo referido al suministro eléctrico no está adaptado a la realidad social y a las exigencias constitucionales, aunque valora la elaboración de una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, cuya medida más reseñable es la supresión del peaje al autoconsumo de energía eléctrica.

Además, destaca las medidas llevadas a cabo en 2018 en esta materia como las referidas a favorecer la información de los consumidores y las realizadas contra las prácticas comerciales engañosas para el cambio de comercializadora.

Cobro de comisiones bancarias

En otro apartado, el informe del Defensor del Pueblo censura el cobro de determinadas comisiones bancarias por parte de las entidades financieras, sobre todo en el caso de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera.

El texto considera que "no es razonable" considerar como servicios adicionales -y cobrar por ello- el ingreso de efectivo en cuentas de terceros por lo que insta a la administración a atajar esta práctica

También lamenta la ineficacia de las reclamaciones y mecanismos extrajudiciales habilitados por la banca para compensar a sus clientes por la comercialización, entre otros productos, de hipotecas con cláusulas suelo abusivas, y afea la falta de colaboración de algunas entidades.

"Importantes carencias" en la sanidad

Francisco Fernández Marugán también señala que las quejas planteadas por la institución en materia de sanidad muestran "importantes carencias" en el nivel de Atención Primaria del sistema público de salud en forma de precarización y falta de medios", lo que "exige una reacción efectiva" de todos los poderes públicos, que pudiera concretarse en un acuerdo estatal que garantice la suficiencia del sistema, adaptado a las diferencias territoriales y necesidades en cada comunidad autónoma.

Entre las carencias de atención primaria, el texto destaca la insuficiente dotación humana y las condiciones de precariedad laboral, además de otras cuestiones de carácter estructural y organizativo.

También señala que las principales quejas en el ámbito de la sanidad pública derivan de la atención específica a determinadas enfermedades o síndromes y el desplazamiento y derivación de pacientes entre comunidades autónoma y destaca que la fortaleza del Sistema Nacional de Salud depende en alto grado de "la dedicación y excelencia de sus profesionales".

Embargo de ayudas mínimas

El documento critica también que la Seguridad Social haya rechazado su recomendación y siga embargando prestaciones asistenciales mínimas cuando se cobran de forma acumulada.

La institución muestra su "preocupación" por los embargos practicados en cuentas corrientes "que se nutren exclusivamente de cantidades procedentes de ayudas de urgencia, rentas mínimas de inserción, rentas de garantía de ingresos o prestaciones complementarias de vivienda, todas ellas por importe inferior al salario mínimo interprofesional".

El Defensor del Pueblo recuerda que las ayudas mensuales que están por debajo del salario mínimo son inembargables, lo que debería mantenerse cuando, por cualquier motivo, se cobran de forma acumulada.

Junto a este tema, el informe recoge otras recomendaciones en cotizaciones, compatibilidades de prestaciones o pensiones. En este último tema, la institución apunta a la necesidad de que se "garantice la solvencia y sostenibilidad del sistema público de pensiones, así como la suficiencia económica, no solo de los actuales pensionistas, sino también de los futuros".

Carencias en residencias y en salud mental

El informe del Defensor del Pueblo pide mayor esfuerzo ante el insuficiente número de plazas públicas y concertadas en residencias para personas mayores y denuncia la espera que se produce "con frecuencia con exceso" hasta acceder a alguna de ellas.

Los ciudadanos, según recoge el documento, denuncian  "una pérdida de calidad de los servicios de atención a los mayores" por, entre otros motivos, la "escasez de personal y medios para ofrecer una atención adecuada a las personas mayores".

También advierte de las "carencias en cuanto a los recursos asistenciales disponibles" en materia de salud mental y destaca que la ratio de profesionales especializados por habitante en el Sistema Nacional de Salud "es muy inferior a la media de los países del entorno".

El texto también reitera que en muchos casos las administraciones "no disponen de una adecuada oferta de plazas en centros especializados", lo que "dificulta prestar el debido tratamiento integral a las personas con enfermedad mental".

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